Santiago de Chile - Contexto General

Coordinación: Rosanna Forray • Oscar Figueroa

Colaboración: Alejandra Rasse • Cristhian Figueroa • Yasna Contreras • Rocío Hidalgo • Alejandro Cortés • Paulette Landon

1. Sistema de referencia: contexto general del país

1.1. Contexto demográfico general

Chile es un país de gran superficie (756.096 km2 que aumentan en 1.250.000 km2 si se incluye la superficie antártica), pero sin mucha población (15.116.435 habitantes al Censo 2002[1]). Su geografía deja muchos sectores difíciles de habitar, por lo que la población se concentra en los valles y en la costa, y en especial, en las regiones más centrales del país. De hecho, solo una región, la Metropolitana de Santiago, concentra el 40% de la población del país. La concentración de la población en la capital se da en el contexto de un país cada vez más urbano (la población rural cayó de 16.5% a 13.4% entre 1992 y 2002), y con una importante orientación centralista en su administración e instituciones.

Esto lleva a una muy desigual distribución de las oportunidades en el territorio, que están más bien concentradas en la ciudad de Santiago: las grandes fuentes de empleo, educación y salud se encuentran en la capital, que ofrece una gama de servicios mayor a la que se puede encontrar en otras ciudades del país. Asimismo, las trayectorias y proyectos de vida están hoy en día más bien despegados del mundo rural, y si bien la mayor parte de los elementos identitarios tradicionales del país aún se basan en el mundo rural (comida tradicional chilena, folclore), en las últimas décadas emergen factores identitarios tienen que ver con un proyecto más moderno (orgullo por el nivel de desarrollo del país y su estabilidad democrática[2], y por la prosperidad económica en comparación con los demás países de la región) propios del mundo urbano.

Adicionalmente, Chile es un país que está envejeciendo. La proporción de niños y  jóvenes de menores de 15 años ha caído de un 39.6% en 1960 a un 25.7% en 2002, mientras los adultos mayores han aumentado de un 6.8 a un 11.4% en el mismo período. La esperanza de vida también ha aumentado a 76 años, por lo que se espera que el país tenga cada vez más población adulto mayor. Asimismo, la tasa de natalidad ha sufrido cambios drásticos en mucho menor tiempo: ha caído de 2.39 hijos por mujer en 1992 a 2.26 en 2002, y así, si bien la población sigue aumentando, lo hace a tasas cada vez menores.

Todos estos cambios están asociados a profundas transformaciones en la estructura de los hogares y en el rol de la mujer. Los hogares son cada vez más pequeños (hogares de un promedio de 3.9 personas en1992 a hogares de 3.6 personas en promedio en 2002, y 3.4 en la proyección al 2010[3]). Las uniones de pareja se legalizan menos, ya que los hogares cuyos jefes de hogar son casados disminuyeron de 66,6% en 1992 a 58,1 en 2002. Al mismo tiempo, aumentaron los convivientes, solteros, separados y anulados. Junto a este movimiento, también se observa un fuerte incremento de los hogares unipersonales: nucleares monoparentales y nucleares biparentales sin hijos.

En relación al rol de la mujer, ésta ha ido incrementando progresivamente su participación en el mundo laboral fuera del hogar, pasando de 29,4 en 1990 a 37,1% en 2009[4].

La fuerza con la que se han producido estos cambios no ha ido aparejada de un movimiento similar desde el plano de los valores: si bien existe cada vez más apertura a los distintos tipos y configuraciones de familia (87% piensa que una mujer soltera puede crear sus hijos tan bien como en pareja, 73% piensa que el divorcio es la mejor solución cuando un matrimonio no puede resolver sus problemas[5]), hoy en día subsiste en importante sectores sociales una visión tradicional respecto de la mujer, lo que, en la práctica, se ha traducido en que las mujeres trabajadoras deban cumplir ambos roles: el del trabajo fuera del hogar, y el del trabajo dentro del hogar, además de las tareas de cuidado de los niños (una muestra de esto es que 64% de los chilenos piensa que la familia se descuida si la mujer trabaja tiempo completo).

1.2. Crecimiento económico, movilidad y expectativas

En términos económicos, el país ha experimentado un constante progreso durante los últimos años. Tras un periodo de ajuste, luego de la crisis de la Deuda Externa de los años 80, se comienza a consolidar un modelo marcado por el neoliberalismo en donde el crecimiento del país se basa en el desarrollo de la empresa privada por sobre la estatal. De hecho, el empleo que proporciona el Estado en el mundo asalariado, es sólo el 10,7% mientras que el empleo asalariado proporcionado por el mundo privado, equivale al 58,1%.[6]

El crecimiento económico ha sido una constante desde fines de los años 80s. Los años 90s fueron un período de intenso crecimiento, con tasas en torno al 6%, lo que llevó a un importante entusiasmo social y enormes expectativas sobre el futuro, lo que se reflejaba en la imagen –corrientemente utilizada en esos años- de Chile como el “jaguar de Latinoamérica”. Desde la crisis asiática en 1998, que tuvo fuerte impacto en nuestra economía, las tasas de crecimiento se han moderado, pero a pesar de las sucesivas crisis económicas internacionales, el país ha continuado creciendo. El nivel de vida de los chilenos ha subido acorde a esta tendencia, pasando de un ingreso promedio per cápita de US$4.703 en 1990, a US$14.894 en 2010)[7].

La aplicación de diversas políticas públicas focalizadas de subsidios indirectos (en salud, educación y agua potable, entre otros), habilitación social y transferencias directas, en conjunto con el escenario económico favorable, ha llevado a una importante reducción de la pobreza en los últimos 19 años, la que ha pasado de 38.6% en 1990 a 11.5% en 2009[8], siendo uno de los países con menor pobreza en la región. De hecho, el porcentaje de la población indigente representa el 3,2%[9]

En paralelo, se han registrado intensos procesos de movilidad social, tanto inter generacionales como intra generacionales. Esta fuerte movilidad social se ha visto influenciada tanto por lo favorable de la situación económica del país, como por el importante incremento que se ha registrado en la escolaridad, que llevó a que los egresados de enseñanza media pasaran de 86.1% en 1990 a 94.6% en 2006[10].

El punto preocupante en este positivo escenario económico es que, a pesar de la mejora en las condiciones de vida de los chilenos, los índices de desigualdad social no han mejorado. Actualmente, según CEPAL Chile tiene un índice de GINI de 0.52, lo que ubica al país entre los más desiguales de Latinoamérica. La relación de ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre es de 14,1 veces.

No obstante lo anterior, la fuerte mejoría en las condiciones de vida de los chilenos, aunada a lo extendido de la movilidad social, lleva a que prácticamente todas las personas puedan identificar progreso material ya sea en lo personal o familiar en las últimas décadas. En especial, el aumento en escolarización experimentado por los chilenos ha ido construyendo expectativas de ascenso social, en la medida en que la gente cree que la educación es el principal vehículo de movilidad social (87% de adhesión a la frase “lo que un individuo logra en la vida depende de la educación que haya alcanzado”[11]).

Asimismo, la sensación de una movilidad social generalizada puede verse, por una parte, en la transformación de la sociedad en una sociedad de consumo, marcada por un fuerte proceso de bancarización y acceso a crédito de los distintos sectores sociales (según Morales y Yáñez, ya en 2005 había más de 11 millones de tarjetas de crédito de casas comerciales activas). Por otra parte, desde una perspectiva más cultural, todo esto se refleja en que la gente alberga expectativas positivas respecto a su futuro o al futuro de sus hijos (88% de los chilenos cree que sus hijos estarán mejor o mucho mejor que ellos[12]), y ve la sociedad como una sociedad abierta, en que todos, independientemente de su nivel socioeconómico, pueden salir adelante, estudiar en la universidad, ascender en la escala social, etc. La clave estaría en el esfuerzo que hay que poner para lograr las cosas: unos tendrán que esforzarse más, otros menos, pero finalmente, todos pueden conseguir lo que desean. En este sentido, si bien se reconoce el peso de lo adscrito, se pone mayor acento en la capacidad individual de lograr las cosas (un 81% de los chilenos piensa que el que una persona de clase media alcance una buena situación económica depende de su propio esfuerzo; por el contrario, que un 66% piensa que los pobres lo son por su flojera y falta de iniciativa[13]).

Llama la atención la coexistencia de este tipo de representaciones tan positivas del propio futuro con niveles crecientes de desigualdad social. Resulta interesante, en este sentido, que mientras se piensa que los propios hijos tendrán un futuro mucho mejor que el propio, se ve difícil que los pobres superen la pobreza (sólo un 19% de los chilenos cree que la probabilidad de que un pobre salga de la pobreza es alta[14]). Lo mismo ocurre respecto a la percepción sobre el futuro del país: cada vez más los chilenos piensan que la situación va a seguir igual en lugar de mejorar (mientras en 1999 un 43% pensaba que el país iba a mejorar y sólo un 34% que seguiría igual, en 2008 sólo un 27% pensaba que el país mejoraría y un 49% que se mantendría igual). En este sentido, una percepción positiva del propio futuro, en que todo está determinado por propio esfuerzo, convive con una percepción negativa respecto a la capacidad del país de mejorar su situación de desarrollo y sobreponerse a la desigualdad.

Una expresión de esto es el movimiento estudiantil y el paro de actividades que perdura desde hace cuatro meses y cuenta con un apoyo ciudadano de más de un 80% en el país, cuya reivindicación de fondo es la igualdad en el acceso a una educación escolar y superior de calidad, asegurada por el Estado y el fin a la actividad lucrativa por parte el sector privado en la oferta educacional con subvención estatal.

1.3. Relaciones sociales, confianza y asociatividad

La confianza en el propio futuro contrasta con la confianza que se tiene en los otros. Los niveles de confianza social del país son de los más bajos de la región (sólo un 13% cree que se puede confiar en las personas[15]). Las personas manifiestan importantes niveles de desconfianza en sus relaciones interpersonales, siendo mayoritaria la sensación de que los otros se podrían aprovechar de uno si pudieran (68%[16]). En concordancia con lo anterior, los niveles de sociabilidad, e incluso de amistad, son bajos: más de un tercio de los chilenos declara no tener amigos, solo conocidos[17].

La desconfianza respecto de los demás se da en el marco de importantes procesos de individuación. La importancia del esfuerzo personal en el discurso sobre la movilidad va unida a una sobrevaloración de lo individual por sobre estructuras o constreñimientos sociales o familiares. Los chilenos ven su destino como producto de sus propias acciones y decisiones, más allá del apoyo que puedan recibir de otros o de los obstáculos sociales o estructurales que deban enfrentar. En este sentido, no sólo se desconfía de los otros, sino que éstos tampoco aparecen como relevantes en la construcción del propio futuro.

Esta desconfianza se extiende a las instituciones, en especial a las instituciones políticas, respecto de las cuales se expresan muy bajos niveles de confianza (sólo un 5% dice tener bastante o mucha confianza en el parlamento o los partidos políticos, por ejemplo[18]). Asimismo, se las percibe lejos de los problemas reales de las personas, y se cree que ninguna institución intervendría si se tuviese un problema.

Adicionalmente, existen bajos niveles de asociatividad. La ausencia de participación en organizaciones sociales está alrededor del 80%, siendo las organizaciones de mayor adhesión las religiosas (un 18% declara participar en este tipo de organizaciones[19].

Todo lo anterior evidencia una sociedad civil débil, en que reina la desconfianza por sobre la disposición a vincularse. En parte, esta debilidad de la sociedad civil responde a la desarticulación de los movimientos de tipo popular durante el período de dictadura (1973-1989), sin embargo, también se puede reconocer en ella la influencia de la forma de hacer política pública en las últimas décadas, basada en el subsidio a la demanda asignado a la persona por sobre los grupos. Ambas llevan finalmente a que la relación con el Estado se establezca de forma individual (ya sea como un elector aislado, o como un beneficiario individual).  

Si bien en los últimos años han comenzado a surgir nuevamente algunas organizaciones sociales, en especial en asuntos urbanos (ante cambio de normas territoriales, instalación de autopistas, etc.), éstas operan con una lógica más bien de NIMBY, es decir, predomina en ellas la defensa de los derechos individuales de los propietarios (valor de las propiedades, defensa de las externalidades positivas de su localización, etc.) más que la defensa de los intereses o los bienes públicos, o del bien común.

Fuera de estas manifestaciones urbanas de organización de la sociedad civil, lo que predomina es más bien una lógica del ciudadano consumidor, que como titular de una serie de derechos, los defiende de forma individual a través de las instancias institucionales existentes.

Las reivindicaciones colectivas han quedado más bien en un segundo plano, relegadas a explosiones efímeras de descontento frente a temas de contingencia nacional. En esto último, las redes sociales a través de internet, que han penetrado rápidamente en el país (un 37% de los chilenos tenía facebook[20] y un 13% usaba twitter en 2010[21]), han jugado un rol central en la difusión de la información y la organización en red de una sociedad más bien atomizada.

1.4. Percepción de la sociedad: principios de identidad y diferencia

En términos identitarios, es importante señalar que la sociedad chilena es bastante homogénea tanto en términos étnicos (sólo un 4.6% de los chilenos se declara perteneciente a algún grupo étnico) como religiosos (70% se declara católico y 15% evangélico, es decir, se trata claramente de una cultura cristiana)[22]. Asimismo, la mayoría se declara como mezcla (de blanco con indígena, de blanco con negro, o mezcla de todo).  Coincidentemente, los chilenos se declaran en alto grado identificados con el país -más que con la ciudad o la etnia, por ejemplo-, y muy orgullosos de ser chilenos (83%[23]), pero a pesar de la homogeneidad recién descrita, tienen dificultades para nombrar elementos identitarios fuertes que los aglutinen.

No obstante lo anterior, existe un fuerte sentimiento de superioridad frente al resto de los países de la región, en especial, los países vecinos. Este sentimiento se basa principalmente en el progreso económico del país y la estabilidad democrática alcanzada en los últimos 20 años, lo que ha generado una mirada a despectiva hacia los otros países de la región. Gran parte de los chilenos señala que Chile es el mejor país para vivir en América Latina (74%), y que no se tiene una base cultural común con el resto de los países de la región (75%[24]). El país se auto-comprende como una excepción a la región. Expresiones como “cholos” o “bananeros” son usuales para referirse despectivamente a quienes viven en los países limítrofes o en el resto de la región, respectivamente.

Este sentimiento de superioridad puede servir de base para la conformación de una identidad fuerte por oposición a los otros, más que por la existencia de elementos internos específicos a resaltar de la historia o cultura chilena.

Asimismo, si bien las diferencias económicas son percibidas como muy importantes, la sensación de una sociedad en que la movilidad social es fuerte y extendida para todos suaviza dichas diferencias: si bien tenemos altos índices de desigualdad, los niveles de polarización social no son tan altos. Las diferencias se perciben legítimas en la medida en que se piensa que se pueden superar en el tiempo, dependiendo del esfuerzo que se ponga en las cosas.

Las diferencias más allá de lo socioeconómico, de acuerdo a los datos disponibles, son reconocidas como algo que da valor a la sociedad chilena (una muestra de ello es que dos tercios de los chilenos piensan que es mejor que los mapuches mantengan su cultura y costumbre a que se adapten al resto[25]). Sin embargo, en la práctica esto no se ve tan claramente, y es usual escuchar descalificaciones hacia algunos grupos sociales (por ejemplo, mapuches, inmigrantes, entre otros).

Asimismo, el conflicto entre mapuches y Estado chileno es visto como uno de los principales focos de conflictividad del país (seguido por la conflictividad entre gobierno y oposición, trabajadores y empresarios, y ricos y pobres). En este sentido, la valoración de las diferencias culturales o de opinión, y la percepción de que los individuos se pueden sobreponer a las diferencias socioeconómicas vía esfuerzo individual, no implica que no se presenten como focos de conflicto. En este sentido, se reconocen las diferencias y su conflictividad, más no se genera polarización en torno a ellas.

1.5. Relación con el Estado y temas país

En consonancia con la preponderancia del discurso dominante sobre el esfuerzo individual, los chilenos tienden a descargar de responsabilidades al Estado y situarlas sobre las personas. Así, mientras un 27% pone la responsabilidad sobre el bienestar de las personas en el Estado, un 43% piensa que es responsabilidad de cada persona hacerse cargo de su propio bienestar (el resto se sitúa en posiciones intermedias). Adicionalmente, la mayor parte de las personas (53%)[26] piensa que el Estado solo debiera realizar las tareas que los privados no pueden realizar, y lo demás debiera quedar en manos de los privados interesados. Esto genera un escenario en que el Estado queda replegado ante la acción de individuos y empresa privada, que son quienes aparecen llamados a la construcción de la sociedad.

Por otra parte, la mayoría de los chilenos se manifiesta a favor de subir los impuestos para poder aumentar el gasto social[27]. Esto, que pareciera contrario a las preferencias indicadas más arriba, puede responder a la percepción de la desigualdad como un problema país, y por otra parte, a que dichas percepciones fueron expresadas en 2007 tras 17 años de gobiernos de coaliciones de izquierda. En este escenario, lo que llama la atención es más bien la liberación de responsabilidad del Estado en pos de la responsabilidad individual y la iniciativa privada, lo que de alguna forma muestra lo profundo que ha calado la idea de sociedad de oportunidades y esfuerzo individual entre los chilenos.

Los temas más importantes para los chilenos van de acuerdo a esta idea de generar un espacio propicio para la iniciativa individual y las oportunidades: seguridad pública y empleo en primer lugar, y bastante más atrás, estabilidad económica y educación[28]. Mientras los dos primeros son una constante en la agenda de los medios, la educación, en conjunto con asuntos medioambientales y valóricos, son protagonistas en la discusión en las redes sociales y en las movilizaciones y protestas ciudadanas.

1.6. Orientación de las Políticas Públicas

A la salida del gobierno militar en 1990, las políticas públicas de la Concertación de partidos por la democracia, se fundan en dos pilares fundamentales que hacen consenso en las dirigencias políticas y económicas del país: por una parte, domina la convicción de que el mejor modelo de convivencia política y de gobernabilidad es la democracia representativa, y por otra parte, la afirmación de que “el modelo económico neoliberal es la mejor alternativa para asegurar el crecimiento nacional dentro del proceso de globalización” en palabras propias del Ministerio de Planificación (Salazar, 1995, pág. 7). Se trata entonces de introducir mayor equidad sin afectar los equilibrios macroeconómicos, el Estado Subsidiario está llamado así a regular por medios políticos los problemas sociales generados por la desregulación económica. No se solicita al sistema económico incrementar la eficiencia social de su crecimiento, es el Estado quien debe incrementar la eficiencia de la política social sin alterar los principios del Mercado, en consecuencia, la política social se diseña no para actuar sobre el conjunto del modelo sino para actuar en sus márgenes focalizando su quehacer en los más desposeídos. Es decir, los problemas sociales no deben ser tratados por los principios de la economía política sino por la eficacia de la política social(Salazar, 1995, pág. 16).

Estos principios tomarán distintos énfasis según va avanzando el paso desde una fase de transición a otra de consolidación de la democracia. En un primer período de la transición, el gobierno busca asegurar la gobernabilidad en una tensión entre el incremento de las demandas sociales y la custodia del sector financiero y las fuerzas armadas por garantizar la continuidad del modelo económico instaurado por el gobierno militar.  De este modo el gobierno orienta sus políticas públicas a dar respuestas a los déficits que dejaba la dictadura en cada uno de los sectores de la acción pública, a través de un intento por definir marcos reguladores y focalizar las políticas de subsidio en los más pobres; pero al mismo tiempo asegurando la continuidad de la privatización de los servicios públicos. De este modo, la política social es un elemento más que contribuye a la expansión de los mercados.  Predominaba en este momento la “teoría del chorreo” según la cual, una vez que se consolidara el crecimiento en los diversos sectores de la economía, se desbordaría el vaso de la acumulación de capital y comenzaría a alimentar a los sectores más bajos en la escala social  y productiva.

Durante los dos períodos gubernamentales que siguen, se consolida el principio del Estado Subsidiario, y con él, el rol de sector privado en la provisión de servicios públicos, mientras se instala en las esferas de gobierno y del empresariado la convicción sobre la necesidad de modernizar al país para darle un posicionamiento en el escenario internacional, volcando la mirada hacia los países asiáticos. Es en este período que se consolidan grandes programas de obras públicas entre los cuales la construcción de infraestructuras de comunicación y transporte juega un rol fundamental. Es en este momento en que se invierte en el sistema de auto rutas interurbanas y urbanas, así como en la planificación del nuevo sistema de transporte público para Santiago. A su vez, este es un momento clave de consolidación de la predominancia de las variables técnicas y económicas en la toma de decisiones: el Estado sabe qué hacer en nombre de la sociedad y se dota de las competencias técnicas que legitiman su toma de decisiones.

Durante el cuarto período de gobierno de La Concertación, comienza a quedar en evidencia la tendencia creciente a la distribución desigual del ingreso, con lo cual el gobierno debe, por una parte mantener los equilibrios macroeconómicos y por otra intensificar su inversión en los sectores más pobres. Pasamos así de un “Estado modernizador” a un “Estado protector”, y así lo expresan los slogans asociados a las políticas sociales. En materia de movilidad, este es el período en que queda en evidencia la segregación social en los servicios de transporte, con la consolidación de una red de carreteras que sirven prioritariamente al cono de alta renta, y la deficiente puesta en marcha de un sistema de transporte público que terminará por concentrar su servicio en los sectores más desfavorecidos.

A partir de 2010 con el cambio de coalición en el gobierno pasamos del “Estado protector”  al “Estado empresarial”. Asume el poder la agrupación de partidos de derecha, la Alianza por el Cambio, que se plantea como leitmotiv una nueva forma de gobernar en que la acción del sector privado juega un rol preponderante, e incluso se refuerza la convicción de que la lógica empresarial es la más eficiente en la conducción y administración del Estado y sus políticas públicas.